Las reivindicaciones de las entidades sociales para establecer un nuevo modelo de concertación en las políticas activas de empleo en Cataluña llegan a la administración pública

• ANTE la supresión del programa de empleo SINGULARS, la Comissió d’Inserció Sociolaboral de ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) ha entregado el documento El rol de les entitats socials en les polítiques actives d’ocupació. Cap a un nou model de concertació? en la dirección del SOC, en la secretaría de Treball i a la Direcció General d’Economia Social i Solidària i el Cooperativisme.
  
• Les 67 entidades de la Comissió d’Inserció Sociolaboral d’ECAS han iniciado una campaña que reivindica el derecho básico de las personas a acceder a un trabajo digno así como el papel imprescindible de las entidades sociales en la promoción de ocupación de calidad.

Las entidades sociales todavía constatan que el Govern no no responde con firmeza a la creciente desigualdad que denuncian desde hace tiempo y reclaman avanzar hacia un rol complementario de las administraciones públicas y las entidades sociales en el despliegue de las políticas activas de empleo.

Por eso la Comissió d’Inserció Sociolaboral d’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) ha entregado el documento El rol de les entitats socials en les polítiques actives d’ocupació. Cap a un nou model de concertació? al director del SOC, Francesc Castellana; al secretario de Treball, Paco Ramos; y al Director General d’Economia Social i Solidària i el Cooperativisme, David Bonvehí. El documento destaca la necesidad de incorporar una mirada social a las políticas de empleo que garantice respuestas personalizadas para colectivos con situaciones especialmente complejas. Esto supone reforzar los espacios de diálogo y coconstrucción de políticas públicas, así como dotar de más recursos a los programas de inserción sociolaboral. ECAS ya ha recibido las primeras reacciones en el documento: entidades sociales y administración seguirán en conversaciones para analizar la situación actual de los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad hacia el mercado de trabajo y considerar líneas conjuntas de actuación.

A pesar del contexto generalizado de bonanza económica y de alta ocupación en Cataluña, un 10% de la población a pesar de trabajar está en riesgo de pobreza, fruto de la creciente precarización de las condiciones laborales y el aumento del coste de vida. A este contexto hay que añadir la exclusión o dificultades de diversos colectivos para acceder al mercado de trabajo.

«Hay que hacer visible una doble realidad: la de las personas que no pueden acceder al mercado laboral y la de aquellas que, pese a acceder, no salen de la precariedad. El acceso a un trabajo digno no es un privilegio, es un derecho.» —Mariona Puigdellívol, directora d’ECAS

Las entidades sociales han sabido recientemente que el SOC dejará de impulsar el programa de ocupación SINGULARS, que acompaña anualmente a más de 3.500 jóvenes sin trabajo ni estudios, y que otros programas públicos, como el MAIS, dirigido a personas que reciben la Renta Garantida de Ciutadania, o el SIOAS, para personas con discapacidades, han endurecido las condiciones y han reducido los tiempos de acompañamiento. Por este motivo, y para no dejar a nadie atrás, piden al Gobierno que priorice la inversión en políticas activas de empleo dirigidas específicamente a aquellos colectivos más alejados del mercado de trabajo.

Ante esta realidad, las 67 entidades que forman la Comissió d’Inserció Sociolaboral d’ECAS han arrancado una campaña bajo el lema “La protecció de la salut és un dret bàsic, el treball digne també”, que reivindica el derecho básico de las personas a acceder a un trabajo digno y el papel imprescindible de las entidades sociales en la promoción de empleo de calidad en Cataluña.

«La gestión de las políticas activas de empleo se basa en buena parte en un sistema de subvenciones puntuales que precariza a las entidades dedicadas a la inserción sociolaboral.» —Esther Sancho, cordinadora de la Comissió d’Inserció d’ECAS

Las Entitats Catalanes d’Acció Social defienden que la construcción de una sociedad más justa y cohesionada implica garantizar unas condiciones de trabajo digno para todos y que éste debe ser un objetivo compartido entre administración pública y agentes sociales.

Por eso, reivindican una colaboración más sólida y estructural, que incorpore plenamente la mirada social en el diseño e implementación de las políticas de empleo, y que garantice respuestas adaptadas a las situaciones complejas de muchas personas. En este sentido, consideran imprescindible reforzar los espacios de diálogo, avanzar hacia la cocreación de políticas públicas y dotar de más recursos a los programas de inserción sociolaboral.

Anualmente, las entidades sociales de ECAS atienden a más de 100.000 personas en Cataluña en programas de formación e inserción, una demostración de la experiencia y la flexibilidad necesarias para dar una respuesta ajustada a la diversidad de la población en Cataluña.