• La federación propone que el antiracismo deje de ser una política periférica y sea transversal en las políticas públicas.
• Alerta de que la cohesión social no se protege señalando a colectivos, como hace la extrema derecha, sino garantizando derechos y reduciendo las desigualdades.
• La normalización de los discursos de odio y el cuestionamiento de los derechos adquiridos interpela al sector social como actor democrático capaz de disputar los relatos del miedo.

ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) ha presentado el posicionamiento «Per una Catalunya diversa, cohesionada i antiracista. Propostes per combatre les desigualtats i garantir drets«, con el que alerta del avance de los discursos de odio y de los planteamientos de la extrema derecha en el debate público.

El documento defiende que los discursos de odio no tienen su origen en la diversidad, sino en las desigualdades y en los relatos que las instrumentalizan para alimentar la desconfianza y señalar a las personas migradas y racializadas.

Tal y como afirma Xavier Puig, copresidente de ECAS, hablar de antiracismo es hablar de democracia. La federación reclama que las políticas públicas incorporen una perspectiva antirracista e intercultural crítica orientada a garantizar derechos, combatir las discriminaciones y reforzar la igualdad de oportunidades.

ECAS también reivindica el tercer sector social como un actor clave para la calidad democrática, tanto por su labor de acompañamiento y defensa de derechos como por su capacidad de aportar evidencias y combatir los relatos que presentan la inmigración y la diversidad como una amenaza.

El posicionamiento recoge propuestas en tres ámbitos prioritarios: la vivienda, el trabajo y la acción comunitaria. Entre las medidas planteadas se encuentran la ampliación del parque público de vivienda, el refuerzo de los mecanismos contra la discriminación residencial, el reconocimiento de las competencias profesionales de las personas migradas, la lucha contra la discriminación laboral y el impulso de la participación y los vínculos comunitarios.

La federación también reclama que las personas migradas y racializadas participen en la definición de las políticas públicas y hace un llamamiento a las administraciones, a los agentes sociales y al conjunto de la ciudadanía a situar la lucha contra las desigualdades, el racismo y las discriminaciones en el centro de la agenda