El encarecimiento de la vivienda, la baja redistribución de la riqueza y la precariedad laboral hacen repuntar la pobreza en Cataluña.
- La tasa AROPE sube hasta el 24,8% y empeora por primera vez en cinco años, hasta a afectar más de dos millones de personas en Cataluña
- La pobreza infantil se sube hasta el 36%, y casi la mitad de las personas sin nacionalidad española viven en riesgo de pobreza.
- Las entidades entidades alertan de la debilidad de las políticas redistributivas y reclaman reforzar la protección social, el acceso a la vivienda y la inversión social
La nueva Radiografía INSOCAT 2026, elaborada por ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), constata un empeoramiento de la pobreza y la exclusión social en Cataluña después de cinco años de evolución. La tasa AROPE se situa en el 24,8%, 0,8 puntos más que en el año anterior, y la tasa de pobreza sube hasta el 18,9%.Es decir: más de dos millones de personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social en Cataluña.
El informe, que pone en relación los resultados resultantes de ’Enquesta de Condicions de Vida con datos de otras fuentes, subraya la contradicción entre una supuesta bonanza económica y el malestar social que atraviesa una parte muy importante de la población. Mientras el PIB crece un 2,7% y el paro baja hasta el 8,4%, un 47,3% de la población declara declaraciones para llegar a final de mes.“El encarecimiento del coste de la vida, que absorbe el 95% de la renta media, hace que a la mitad de la población en Cataluña le sea coste pagar los gastos básicos”,
afirma Teresa Bermúdez, vocal de pobreza de ECAS. La pobreza en el trabajo se incrementa hasta el 11,8% y el 42,4% de la población activa se encuentra en situación de precariedad laboral.
ECAS advierte, además, que los datos no recogen toda la realidad social. Las estadísticas oficiales dejan fuera de las situaciones de máxima precariedad, como las de muchas personas sin hogar o en situación administrativa irregular, y esto hace que la dimensión de la exclusión sea todavía más grave de lo que reflejan los indicadores.
Infancia, mujeres y personas migradas: los colectivos más castigados
El empeoramiento de los datos vuelve a concentrarse en los colectivos que históricamente sufren mayor vulnerabilidad. La pobreza infantil llega al 36% entre los menores de 18 años; para las mujeres el riesgo aumenta más que para los hombres; y casi la mitad de las personas sin nacionalidad española (49,7%) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión.
También se mantiene una clara relación entre pobreza, nivel formativo y posición socioeconómica de origen, lo que evidencia hasta qué punto las desigualdades se transmiten y cronifican. De hecho, el 35% de la desigualdad de ingresos es heredada y está determinada por circunstancias no elegidas como el género, el lugar de nacimiento de los progenitores y, sobre todo, el origen socioeconómico familiar. “El ascensor social que había funcionado en décadas anteriores está estropeado, y ahora tener estudios superiores o trabajo no garantizan llegar a fin de mes con tranquilidad”, expresa Bermúdez.
Las transferencias sociales siguen teniendo un papel clave, pero pierden eficacia. Actualmente, sólo consiguen sacar de la pobreza el 21,5% de la población: “su capacidad protectora es especialmente insuficiente para la infancia y la adolescencia, y funcionan sobre todo en el caso de las pensiones”, explica la vocal de pobreza de ECAS. Mientras que para las personas mayores las pensiones reducen la tasa de pobreza del 76,9% al 14,2%, en el caso de los menores la reducción es mucho más limitada: pasa del 39,7% al 30%.
La vivienda, principal factor de empobrecimiento
La Radiografía INSOCAT 2026 señala la vivienda como uno de los grandes motores de empobrecimiento. Entre 2014 y 2025 los alquileres han aumentado un 58,07% en Cataluña, y vivir de alquiler triplica el riesgo de pobreza: se dispara hasta el 34,4%, frente al 11,3% entre las personas que viven en una vivienda de propiedad.
Además, 568.000 hogares donde viven casi dos millones de personas sufren precariedad en la vivienda. Un 16,8% de la población —26,9% en el caso de las personas extranjeras— no puede mantener el hogar a una temperatura adecuada, y un 14,2% de la población declara retrasos en el pago de los gastos vinculados al hogar.
El informe también alerta de que la crisis de acceso y mantenimiento de la vivienda está vinculada a una fuerte concentración de la propiedad y un parque público claramente insuficiente. Un 1,2% de grandes tenedores posee casi un cuarto del mercado inmobiliario, y el 2% del parque público -frente al 15% de la media europea- convive con más de 400.000 pisos vacíos en Catalunya. Esta combinación agrava la inseguridad residencial y convierte una necesidad básica en factor estructural de desigualdad.
Más redistribución y políticas públicas más fuertes
Ante este escenario, ECAS reclama fortalecer la capacidad redistributiva de las políticas públicas, mejorar la cobertura de las prestaciones sociales, reforzar las medidas de apoyo a la infancia y desplegar respuestas estructurales en materia de vivienda. La federación alerta de que Catalunya continúa a la cola del Estado en inversión social, con 2.789 euros por habitante y año-lejos de los 3.277 euros de media-, y que prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía o el complemento de infancia del Ingreso Mínimo Vital siguen llegando a una parte demasiado pequeña de los hogares que los necesitan (15,9% y 11% de los hogares en riesgo de pobreza, respectivamente).
En este contexto, ECAS insiste en que el crecimiento económico sólo tendrá impacto real en la vida de la ciudadanía si va acompañado de políticas públicas valientes y sostenidas en el tiempo. Es necesaria determinación en la acción pública para que la prosperidad sea compartida y los derechos sociales, efectivamente garantizados.
