• El nuevo ‘decreto Maricarmen’ debe suponer un punto de inflexión para acabar con la vulneración sistemática y generalizada del derecho a la vivienda provocada por la mercantilización de lo que es un bien de primera necesidad.

• El incremento de la inversión en políticas de vivienda debe incluir los programas de vivienda social destinados a personas en situación de especial vulnerabilidad y la lucha contra el sinhogarismo.

La federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) nos sumamos al clamor de la ciudadanía para poner fin a la sangría de los desahucios y la vulneración sistemática del derecho a la vivienda. Los últimos impactos en diferentes puntos del Estado español –el desahucio de Maricarmen en Madrid, el suicidio de Olga en Hospitalet de Llobregat– han sacado a la calle a miles de personas para exigir que de una vez por todas se ponga freno a la especulación con lo que es un bien de primera necesidad y se cumpla con el principio constitucional que establece la función social de la vivienda y se cumpla con el principio constitucional disfrutarlo.

Las entidades que trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad llevamos años alertando de que la exclusión residencial afecta a segmentos cada vez más amplios y diversos de la población. La mercantilización de la vivienda y la insuficiencia de las políticas públicas para garantizar este derecho le han convertido en uno de los principales factores de precarización de la clase trabajadora, con consecuencias a largo plazo sobre la salud, la educación y el bienestar, especialmente de los colectivos más vulnerables.

El sinhogarismo en todas sus formas crece en todo el país, mientras los recursos residenciales disponibles se colapsan ante los precios de mercado y la proliferación de usos alternativos (turístico, temporal, alquiler de habitaciones, etc.) dificultan cada vez más el acceso a la vivienda. Con un parque público inferior al 2%, la respuesta es claramente insuficiente y las entidades sociales sostienen programas de vivienda con una financiación escasa e inestable. Es necesario actuar sobre el mercado privado, ampliar el parque público de alquiler asequible e incrementar la inversión en vivienda, con una preasignación presupuestaria de al menos el 1% del PIB. El abordaje debe ser interdepartamental, con una coordinación efectiva entre Habitatge y Drets Socials y con la participación de otros ámbitos, como Salud, en la atención al sinhogarismo.

Esta realidad tiene consecuencias concretas y dramáticas. El caso de Olga, vecina de Santa Eulalia que fue desahuciada unos meses antes de suicidarse, será recordado este sábado 3 de octubre en una protesta convocada a las 19h en L’Hospitalet. En Barcelona, ​​tenemos un nuevo ejemplo en el blog de Llenguadoc 74, donde varias familias con menores están en riesgo de desahucio. Casos como éste evidencian la necesidad de actuar con urgencia para garantizar el derecho a la vivienda y evitar que la precariedad residencial vierta a las familias a situaciones de exclusión.