ECAS afirma que la regularización extraordinaria aprobada por el gobierno español que debe reconocer a la ciudadanía de entre 120.000 y 150.000 personas en Cataluña, según estimaciones de la Generalitat, no puede exigir como requisito el empadronamiento porque numerosos ayuntamientos están negando el registro a personas que viven en sus municipios, incumpliendo, por tanto, la obligación que tienen de inscribir a todas las personas que residen.

Tal y como ha denunciado en repetidas ocasiones desde la Red de Entidades por el Padrón, formada por una quincena de organizaciones y plataformas, que suman alrededor de 500 entidades, decenas de ayuntamientos en Cataluña no garantizan el cumplimiento del trámite de empadronamiento y vulneran así lo que es una obligación tanto para la administración como para la ciudadanía.

La regularización anunciada por la Moncloa, que debe hacerse efectiva con la máxima celeridad para que las personas migradas puedan hacer efectivos sus derechos y salir de las situaciones de exclusión a las que les aboca la irregularidad administrativa, pone de manifiesto una vez más la necesidad de contar con registros padronales que reflejen la realidad en nuestros pueblos y ciudades. La función del padrón es saber quién vive en los municipios para que los entes locales puedan dimensionar sus recursos y equipamientos para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

El padrón no otorga derechos, es la puerta de acceso a los derechos que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todas las personas. Según denuncia ECAS, negar o poner trabas en el empadronamiento es vulnerar los derechos humanos porque impide o dificulta el acceso a la salud, a la educación o a los servicios sociales. «En el proceso actual que debe regularizar la situación administrativa de cientos de miles de personas en España no se puede exigir estar empadronado porque supondría seguir condenando a una parte de esta ciudadanía a la precariedad y la exclusión», manifiesta.

La Xarxa d’Entitats pel Padró sigue reclamando el cumplimiento de la normativa que regula el empadronamiento como registro administrativo para conocer la población de los municipios, al tiempo que recuerda que la prioridad debe ser el cumplimiento de los derechos de todas las personas.